Rafael Michel
21 de Agosto de 2025. Baja California. (6:45 hrs).- La experiencia de Nuevo León sirve de advertencia para Baja California. Mantener delitos contra el honor en el ámbito penal atenta contra la libertad de expresión y genera un ambiente de autocensura, pero el riesgo en Baja California radica principalmente en el abuso de las redes sociales.
Dice la revista proceso que en los últimos 10 años la Fiscalía de Justicia de Nuevo León ha abierto15 mil 400 carpetas de investigación por calumnias, injurias y difamaciones. Activistas, organizaciones ciudadanas y periodistas ven con preocupación que sean utilizadas como herramienta de censura, por lo que piden derogarlas.
Nuevo León es uno de los tres estados que aún tiene en su Código Penal los llamados delitos contra el honor. Zacatecas y Yucatán le acompañan en el retraso en la homologación de sus códigos penales con el federal, que los eliminó en 2007 pasándolos al Código Civil.
En noviembre de 2024 la organización Propuesta Cívica y agrupaciones de periodistas de Nuevo León presentaron tres iniciativas ante el Congreso estatal proponiendo principalmente una reforma integral al Código Penal del Estado que armonice su marco legal con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
La primera iniciativa pide derogar los delitos contra el honor, argumentando que han sido utilizados para hostigar y criminalizar a periodistas, activistas y manifestantes. Una segunda iniciativa se hizo con la intención de que dichos delitos sean abordados en el Código Civil y una tercera propuesta planteó reformar la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León para que, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales, se establezca una definición más amplia de periodista, pues actualmente está estipulado que, quien ejerce dicha profesión, debe contar con un título profesional.
Si bien las plataformas digitales han democratizado la comunicación, también han abierto la puerta a fenómenos como la difamación masiva, la manipulación política y el linchamiento virtual. Estos problemas no pueden resolverse mediante la criminalización de la palabra, sino a través de:
- Reformas legales que fortalezcan la vía civil para atender los conflictos de honor.
- Programas de alfabetización digital que permitan a los ciudadanos distinguir entre opinión, información y desinformación.
- Mecanismos de mediación y justicia cívica que impidan la saturación de denuncias.
- Protección integral a periodistas y activistas en un estado que enfrenta altos riesgos de violencia.
El reto para Baja California no es solo evitar retrocesos legislativos como los de Nuevo León, sino diseñar estrategias que reconozcan la importancia de la libertad de expresión en la era digital y que, al mismo tiempo, protejan a la ciudadanía del abuso de redes sociales. La frontera norte requiere un modelo de convivencia democrática que garantice la pluralidad de voces sin criminalizar la crítica, pero también sin permitir que el discurso digital se convierta en un arma de destrucción social.
La libertad de expresión es uno de los derechos humanos más fundamentales para el desarrollo de la vida democrática. Sin embargo, este derecho no está exento de tensiones, sobre todo cuando se relaciona con el honor, la reputación y los límites del discurso público. El caso de Nuevo León, donde persisten los delitos de calumnias, injurias y difamación dentro del Código Penal, es un ejemplo de cómo la falta de armonización legislativa puede convertirse en un obstáculo para la libre expresión, afectando directamente a periodistas, activistas y ciudadanos en general.
Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, explicó a la revista mensual Proceso y que escribió Melva Flores- que las propuestas legislativas surgieron a raíz de un estudio realizado por la organización a los 32 códigos de cada entidad, la Ley Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y la Ley Federal del trabajo, identificando a Nuevo León como uno de los más problemáticos.
Analizamos delito por delito –detalla Mendiola– y cuáles podrían ser delitos que prenden las alarmas, las alertas que pueden ser puestas a la criminalización y con esta base es que también se presenta una iniciativa muy completa de todas esas figuras que consideramos tienen que ser figuras que tienen que quedar regularizadas, de tal manera que cuenten con una perspectiva de libertad de expresión, que su redacción sea más exacta, no sea tan ambigua, no sea tan amplia y que siempre la figura considere cuando existe este ejercicio de libertad de prensa.
La iniciativa de modificaciones al Código Civil ya fue aprobada en meses pasados, es decir, ya se incluyeron en dicha normativa.
Recientemente se activaron una serie de acciones para influir en la aprobación de los cambios propuestos en el Código Penal. El lunes 19 de junio fue presentado en conferencia de prensa en Monterrey el colectivo Despenalizando la Palabra (DLP), integrado por ciudadanos, periodistas, activistas y cuenta con el acompañamiento de la ONU-DH México.
La agrupación ha unido fuerzas para lograr la derogación de los delitos del honor en el Código Penal estatal y garantizar que las controversias sobre el honor se resuelvan por la vía civil, como lo recomiendan organismos internacionales y la Suprema Corte, lo cual no elimina la responsabilidad frente a agravios, pero sí se evita que la expresión de ideas sea castigada con cárcel.
Algunas de las representantes asistentes a la conversación con medios de comunicación fueron Sandrine Molinard, directora de Consejo Cívico; Georgina Morales, directora de Manifiesta tu Ciudadanía, y Sara Mendiola. La existencia de los delitos contra el honor en el Código Penal de Nuevo León no es sólo una amenaza latente para periodistas y activistas, aclaró Molinard, esto también afecta a la ciudadanía.
“Esta situación se presta para que si alguien siente ofendido o no quiera recibir críticas, pueda demandar al supuesto ofensor por la vía penal, lo que implica que el caso sea atendido como delito que amerita cárcel.
“Quienes conformamos este colectivo sabemos que esta situación ha causado una autocensura y un temor latente que acalla voces ciudadanas, de periodistas o líderes sociales”, dijo la directora de Consejo Cívico.
Conforme a la información publicada en las estadísticas de la página oficial de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de enero de 2015 a julio de 2025 se han abierto 199 carpetas por el delito de calumnia, ocho mil 272 por injurias y seis mil 929 por difamación.
Molinard recordó que en 2023 el articulista Alfredo Jalife-Rahme fue denunciado desde Nuevo León por el delito de difamación por la exsecretaría de Economía federal, Tatiana Clouthier, siendo éste detenido en Ciudad de México. “Esto es la gravedad de tener en vigencia este tipo de figuras, que solamente por el hecho de investigar y de informar temas de interés público, que como ciudadanía de Nuevo León están interesados en conocer y que es su derecho de estar informados, exista una consecuencia tan grave como sea una orden de aprehensión y una detención. Eso no es concebible ni compatible dentro de una democracia.
En tema de activismo o de sociedad civil sí hemos tenido desafortunadamente casos que sí fueron demandas penales por una opinión expresada, respaldada con datos; no era una opinión así nomás al aire, pero lo más curioso de este caso es que ni siquiera era una organización de Nuevo León, sino que el demandante aprovechó este hueco legal que tenemos en nuestro Código Penal para demandar porque la persona había hablado en Nuevo León.
En Baja California, un estado fronterizo con una fuerte presencia mediática y con el uso masivo de redes sociales, este debate adquiere especial relevancia. El análisis de la experiencia de Nuevo León nos permite reflexionar sobre las consecuencias que tendría para la sociedad bajacaliforniana mantener delitos contra el honor en la vía penal y, a su vez, cómo el abuso de plataformas digitales puede generar escenarios de conflicto que ponen en riesgo tanto la libertad de expresión como la estabilidad social.
El Código Penal Federal eliminó desde 2007 las figuras de difamación, calumnia e injurias, trasladando estos conflictos al ámbito civil. Sin embargo, estados como Nuevo León, Zacatecas y Yucatán todavía conservan esos delitos dentro de su legislación, lo que ha dado lugar a miles de carpetas de investigación y un efecto inhibitorio en periodistas y ciudadanos que ejercen su derecho a la crítica.
Las cifras son alarmantes: más de 15 mil carpetas en diez años por expresiones vinculadas a la opinión pública. Este escenario ha derivado en movimientos como “Despenalizando la Palabra”, que busca garantizar que las controversias relacionadas con el honor se resuelvan sin criminalizar la libertad de expresión.
Baja California, aunque no mantiene estas figuras en el ámbito penal, enfrenta problemáticas muy similares debido al papel de las redes sociales y al constante enfrentamiento entre libertad de expresión y derecho al honor.
En Baja California, las plataformas digitales como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram han transformado la dinámica comunicativa. Ciudadanos, colectivos, periodistas y políticos utilizan estas redes como espacios de denuncia, crítica y organización social. No obstante, también se han convertido en terreno fértil para la desinformación, los ataques personales y la violencia digital.
El abuso de estas herramientas puede tener varias consecuencias:
- Difusión de noticias falsas (fake news): En contextos electorales, como los de Tijuana o Mexicali, se han registrado campañas de desinformación que buscan dañar la reputación de candidatos o instituciones.
- Ataques coordinados: Muchos líderes de opinión locales, periodistas y activistas han sufrido linchamientos digitales o amenazas por parte de usuarios anónimos o grupos organizados.
- Autocensura: Ante el miedo de ser expuestos en redes, varios comunicadores bajacalifornianos han optado por omitir información sensible, sobre todo en temas de narcotráfico, migración y corrupción.
Este panorama muestra que, aunque no exista un marco legal que criminalice de manera directa la expresión, las dinámicas sociales y tecnológicas pueden generar un efecto de silenciamiento similar.
3. Comparación con Nuevo León: lo que Baja California debe prevenir
El caso de Nuevo León evidencia cómo los delitos contra el honor se convierten en una herramienta para acallar voces críticas. En Baja California, el peligro radica en que, aunque dichos delitos no se persiguen penalmente, el abuso de redes sociales y la falta de mecanismos de mediación provocan un entorno de hostilidad hacia la libre expresión.
El problema puede manifestarse de dos maneras:
1. Desde el poder político: Funcionarios o partidos podrían recurrir a denuncias civiles millonarias contra periodistas locales para inhibir investigaciones sobre corrupción o malas prácticas.
2. Desde la ciudadanía: Cualquier usuario ofendido en redes sociales puede iniciar un proceso civil, lo que, al igual que en Nuevo León, fomenta un clima de litigio constante que desgasta al sistema judicial y limita el debate democrático.
En ambos casos, la consecuencia sería la misma: la debilitación de la libertad de expresión y la normalización del miedo a opinar.
4. Impacto específico en Tijuana, Mexicali y San Diego
Por la condición fronteriza de Baja California, el impacto de estas tensiones se amplifica.
- En Tijuana, ciudad con altos índices de violencia, las redes sociales funcionan como un espacio de denuncia ciudadana. Sin embargo, los usuarios que exponen casos de corrupción policial o inseguridad corren el riesgo de ser intimidados tanto por autoridades como por particulares.
- En Mexicali, el activismo digital en temas ambientales y de agua ha sido fundamental para movilizar a la población. Sin embargo, los ataques en redes contra líderes de estos movimientos han buscado desacreditarlos, creando un clima de hostilidad.
- En San Diego y la región transfronteriza, donde existe un ecosistema mediático compartido, las dinámicas de libertad de expresión adquieren un carácter binacional. Las limitaciones en Baja California pueden impactar directamente en el flujo informativo hacia California, debilitando la cooperación ciudadana en temas comunes como migración, comercio y seguridad.
