La sindicatura defiende imparcialidad mientras avanzan procesos administrativos en curso.
Las irregularidades detectadas en la construcción del malecón de Playas de Tijuana siguen generando consecuencias administrativas, pues la Sindicatura Procuradora confirmó que, tras una investigación iniciada al comienzo de la actual administración, se determinó la inhabilitación de dos exfuncionarios vinculados al proyecto, entre ellos el entonces secretario Enrique Bautista y un exdirector de obras.
La resolución, emitida el año pasado, se desprende de un proceso interno que buscó esclarecer posibles faltas en la ejecución de dicha obra pública, considerada una de las más visibles en la zona costera de la ciudad. Aunque no se detallaron públicamente las causas específicas de las sanciones, la autoridad aseguró que el procedimiento se apegó a las facultades administrativas de la sindicatura.
En paralelo, la dependencia enfrenta cuestionamientos sobre su alcance y autonomía, particularmente en torno a si las investigaciones se concentran únicamente en administraciones pasadas. Al respecto, la síndica procuradora, Teresita Balderas, sostuvo que también existen procesos abiertos contra funcionarios en activo.
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Como ejemplo, mencionó que actualmente hay seis jueces municipales bajo investigación administrativa, de los cuales dos ya fueron separados de sus cargos por instrucción del alcalde, a través de la Consejería Jurídica, mientras continúan los procedimientos correspondientes.
Pago anticipado de la obra y falta de permisos federales derivaron en multas por cerca de 300 mil pesos, las cuales fueron cubiertas por la actual administración municipal
La síndica procuradora, Teresita Balderas, informó que el pago a la empresa responsable de las obras del malecón fue realizado por la administración pasada antes de que el proyecto concluyera, por lo que los recursos ya no se encuentran en el Ayuntamiento.
Explicó que, al inicio de la actual administración, se llevó a cabo una investigación en la que se detectó que la obra no contaba con los permisos federales necesarios desde su ejecución. Como resultado, en junio de 2024 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso sanciones al municipio por la falta de los manifiestos de impacto ambiental requeridos para una obra de remodelación.
A pesar de no contar con dichos permisos, los trabajos se iniciaron, lo que derivó en dos multas: una de aproximadamente 200 mil pesos por realizar obras de inicio de construcción en lugar de remodelación —lo cual se evidenció en el estado en que fue encontrado el malecón, prácticamente como una obra por iniciar— y otra de alrededor de 80 mil pesos por haber comenzado los trabajos sin el manifiesto de impacto ambiental.
Ambas sanciones, que suman cerca de 300 mil pesos, fueron cubiertas por la actual administración municipal.
Balderas subrayó que la sindicatura mantiene coordinación con la fiscalía en los casos que lo ameritan, y defendió que las actuaciones se realizan con “total neutralidad”, independientemente del periodo en que hayan ocurrido los hechos investigados.
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