"Me citan tramposamente a declarar, mientras que a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a tener entrevistas amigables". "Mientras a una gobernadora, que sí da resultados, la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta". "A ellos los cobijan, mientras que a una servidora y al estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi presunción de inocencia". "Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada", fueron la frase más pronunciada por la gobernadora Maru Campos, de Chihuahua.
El pasado 18 de abril 2026, al menos cuatro integrantes de la Agencia Central de Inteligencia, en conjunto con agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, aseguraron un narcolaboratorio en dicho estado.
Un día después, dos miembros de la CIA y dos de esta última Fiscalía fallecieron en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara, lo cual llamó la atención de autoridades federales.
El hecho causó la renuncia del fiscal general del estado de Chihuahua, César Jauregui, la promoción de un juicio político contra Campos, una marcha en defensa de la soberanía nacional convocada por Morena, y citatorios de la Fiscalía General de la República para comparecer. Según la FGR, lo decomisado en el laboratorio fueron 55 mil litros de líquidos empleados como precursores químicos para drogas, dos mil litro de metanfetamina, artefactos para la confección de drogas sintéticas, cilindros de gas LP, contenedores, entre otras cosas.
El caso Campos-Corral se remite al 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fueron al restaurante Gin Gin con la finalidad de aprehender a Corral por posible corrupción y peculado.
Pero el ahora vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGR) y fiscal especial de investigación de asuntos relevantes, Ulises Lara, rechazó la orden de aprehensión, y Corral denunció a Campos por presunto secuestro.
Pero, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, el área de investigación de asuntos especiales hizo las acciones correspondientes, agotó todas las líneas de investigación y se determinó el no ejercicio de la acción penal.
Sin embargo, el legislador morenista promovió una impugnación.
Con infomación de El Universal.
