El texto analizado es extenuante y limitado en tiempo, dificultando una lectura seria y reflexiva del documento...
Rafael Michel.
18 de julio de 2025. (O:15hrs).- El Colegio de Inspectores y Jefes de Enseñanza de las escuelas secundarias del Estado de Baja California dependientes del Instituto de Servicios Pedagógicos son claros en su posición ante los protocolos que quieren imponer y establecer las autoridades educativas al considerar que están hechos "al "vapor", no son claros y seguros los que hoy en día quieren imponer. 
El documento dice que "En el Colegio de Inspectores y Jefes de Enseñanza del ISEP en Baja California, reconocemos la urgencia de contar con protocolos claros, operativos y jurídicamente sólidos para garantizar entornos escolares seguros, justos y protectores. Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación ante un proceso derevisión que ha carecido de transparencia, tiempos adecuados, acompañamiento técnico y espacios dedeliberación colegiada.
Así mismo que el primer momento de análisis, realizado durante dos días por directivos y supervisores, ha resultado extenuante y limitado en tiempo, dificultando una lectura seria y reflexiva del documento. A esto se suma que el único canal dispuesto para registrar observaciones ha sido un formulario digital que, además de ser inadecuado para el análisis técnico-jurídico requerido, no describe con claridad quién lo leerá, cómo será sistematizado, ni cuál será el destino de las aportaciones, generando incertidumbre sobre si este ejercicio derivará en mejoras reales o simplemente en una validación sin cambios sustanciales.
Son claros al hacer hincapié en el documento que la extensión, complejidad y formato del documento impiden cumplir con este trabajo en tiempo y forma. Su revisión exige un abordaje especializado, colegiado y técnicamente acompañado. Por esta razón, no estamos en condiciones de llenar el formulario propuesto, ni consideramos viable que la revisión se limite a este medio. En cambio, solicitamos la instalación de mesas de trabajo presenciales, con participación amplia y con asesoría jurídica que permita discutir con seriedad y corresponsabilidad cada uno de los componentes del protocolo.
Aseguran los inspectores y jefes de enseñanza que es preocupante que el documento en revisión, además de su extensión desmesurada y estilo desarticulado, presenta graves problemas de coherencia interna y aplicabilidad. Su estructura sugiere que fue elaborado por partes, sin una edición técnica que garantice unidad conceptual, claridad operativa ni funcionalidad institucional. El texto abunda en generalidades y repite fragmentos similares para cada actor escolar . A ello se suma que los diagramas de flujo que acompañan los procesos descritos son ambiguos y poco funcionales, lo que lejos de facilitar la aplicación del protocolo, entorpece su comprensión y genera confusión en momentos que requieren respuesta rápida y certera.
Y van más allá, al sentenciar que, en escenarios reales de crisis, este documento difícilmente puede ser consultado y aplicado de manera ágil por directivos o docentes, lo cual compromete su viabilidad como herramienta operativa.
"Además, advertimos un enfoque punitivo hacia directivos y docentes. El protocolo deposita en ellos lamayoría de las responsabilidades operativas sin brindar los recursos ni el respaldo legal necesario para1ejercerlas. Esta lógica de sanción sin garantía debilita la confianza institucional y pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los procesos educativos".
La carga administrativa que implica la implementación de este protocolo distrae a supervisores, directivos y docentes de su tarea eminentemente educativa, y los coloca en una situación vulnerable ante conflictos que requieren acompañamiento institucional. Por ello, proponemos la creación de una Unidad de Atención y Seguridad Escolar especializada en el ISEP, con capacidad de intervención que brinde:
• Atención directa a los casos.
• Orientación jurídica.
• Verificación de que el procedimiento haya sido adecuado.
• Validación de las acciones del personal cuando se actúe conforme a norma.
Esta unidad tendría como función asegurar una respuesta integral, más allá del papeleo.
El protocolo concentra la responsabilidad casi exclusivamente en directores, docentes y personal de apoyo, sin establecer obligaciones verificables para la autoridad educativa, omitiendo temas estructurales críticos como:
• La falta de personal docente en los planteles.
• La ausencia de figuras clave como orientadores, prefectos, trabajadores sociales o personal de
salud.
• La cobertura incompleta de vacantes.
• Y el impacto de estas deficiencias en la aplicación efectiva del protocolo.
Adicionalmente, el documento no prevé una validación por parte de la autoridad educativa sobre la correcta aplicación de los protocolos, ni establece un mecanismo claro de cierre del proceso, seguimiento o resolución institucional. Esto deja a las escuelas en un estado de ejecución indefinida y sin respaldo legal o administrativo posterior.
Otro aspecto particularmente preocupante es que se asignan indebidamente responsabilidades al director escolar como el retiro de docentes, presuntamente involucrados, de su grupo y su reubicación en actividades administrativas, sin fundamento jurídico claro y sin el debido proceso laboral. Esa atribución corresponde al Departamento de Administración de Personal del ISEP, no al director de la escuela, lo cual representa un exceso que puede vulnerar los derechos tanto del trabajador señalado como del propio directivo.
Además, se observa un abuso de generalidades y omisiones: el lenguaje es frecuentemente redundante y declarativo, con afirmaciones como “promover la paz” o “crear ambientes seguros”, sin indicadores verificables. Esta redacción imprecisa diluye la responsabilidad y dificulta la implementación seria y medible de las acciones planteadas.
Resulta paradójico que un instrumento que busca garantizar segur seguridad escolar no contemple la corresponsabilidad institucional, ni exija a la Secretaría de Educación condiciones mínimas para su implementación.
Además, es indispensable que cualquier protocolo de protección integral esté armonizado con una actualización del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de
Educación Pública, vigente desde 1946. Dicho reglamento, en su redacción actual, no responde a la realidad del servicio educativo contemporáneo, ni contempla con claridad las funciones, riesgos yexigencias que enfrentan hoy en día los trabajadores de la educación, particularmente en contextos deconflicto escolar y protocolos.
Por ello, como CIJE, expresamos con respeto pero con firmeza:
• No podemos respaldar procesos que aparentan participación sin permitir una incidencia real del magisterio en el diseño y mejora de los protocolos.
• Demandamos una ruta institucional clara, con mesas de trabajo presenciales, asesoría jurídica permanente y lineamientos compartidos desde la legalidad y la corresponsabilidad.
• Exigimos que los protocolos incluyan también responsabilidades claras para la autoridad educativa, que debe garantizar condiciones básicas de operación antes de exigir el cumplimiento irrestricto de
lineamientos desde las escuelas.
• Reiteramos que ningún protocolo será legítimo ni funcional si omite la corresponsabilidad institucional, y si no garantiza que quienes actúan de buena fe, conforme al deber profesional, estén protegidos y acompañados.
Una escuela segura protege a todos: a quienes aprenden, a quienes enseñan y a quienes acompañan.
Firman el documento desde la ciudad de Tecate, Baja California, ael 16 de julio de 2025 COLEGIO DE INSPECTORES Y JEFES DE ENSEÑANZA DEL ISEP EN BAJA CALIFORNIA, A.C. Mesa Directiva 2024–2026
