Las sanciones de EU exhibieron la red empresarial del CJNG, con negocios en gasolina, tequila, construcción, calzado infantil, agroindustria, seguridad privada y transporte y ropa.
Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).– Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra más de 50 personas y entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejaron al descubierto una extensa cartera de negocios con la que la organización criminal presuntamente oculta activos, lava ganancias ilícitas y financia sus operaciones.
La red empresarial atribuida al cártel abarca gasolineras, compañías petroleras y de logística, tequileras, agroindustrias, constructoras, tiendas de ropa y bebidas, mueblerías, empresas de zapatos para bebés, seguridad privada, suplementos alimenticios y transporte, muchas de ellas administradas por familiares, prestanombres y operadores cercanos a sus principales líderes.
La acción del Departamento del Tesoro mostró que la estructura financiera atribuida al CJNG rebasa ampliamente el narcotráfico y se extiende por sectores de la economía formal que, a primera vista, no guardan relación entre sí.
Actualmente, Juan Carlos González, alias “El Pelón” y también conocido como Juan Carlos Valencia González, es señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como el actual líder del CJNG, cargo que habría asumido tras la detención y muerte de su padrastro y fundador de la organización, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026, en un operativo de las fuerzas armadas de México.
González, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, fue integrante de largo tiempo del cártel y antes de encabezar su estructura dirigió un ala armada de élite vinculada con hechos de violencia. Además, enfrenta una acusación federal por tráfico de drogas en el Distrito de Columbia y el Gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.
Desde 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha identificado entre las entidades vinculadas con el cártel complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias, restaurantes, empresas agrícolas y compañías fachada, además de operadores financieros, abogados, contadores, familiares y presuntos prestanombres.
Entre los negocios señalados este día, que forman parte de las entidades sancionadas, aparecen estaciones de servicio, expendios de bebidas y comercializadoras de ropa.
De acuerdo con el Tesoro, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, —identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como integrante de la cúpula directiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de sus principales operadores territoriales— habría mantenido el control de Petrocoda, una empresa relacionada con gasolineras, mediante familiares y subordinados.
Antes de ser detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026, “El Jardinero” mantenía influencia en amplias zonas de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, donde construyó una red de familiares, jefes de plaza y operadores financieros y logísticos.
Según la OFAC, su estructura continuó funcionando después de su captura mediante empresas fachada y sociedades administradas por personas cercanas, entre ellas gasolineras, una licorería y una comercializadora de ropa, utilizadas presuntamente para ocultar activos adquiridos con ganancias ilícitas.
Su esposa, Karely Lizbeth Ramírez Banales, por ejemplo, figura como propietaria de El Almacén Licorería, mientras que ella y Areli Isis Medina Flores aparecen vinculadas con Stella Servicios Comerciales y Empresariales, una compañía mayorista de ropa.
La red también habría incursionado en la producción de tequila, la construcción, la agricultura y la venta de muebles.
El Gobierno estadounidense señaló a Casa Tequilera El Origen del Tequila y a la constructora Hurrari Kash como empresas dirigidas por Roberto Jiménez Arias, mientras que éste y Martha Alicia Alvarado Rodríguez controlarían Agropecuaria Amateq del Valle.
Otro operador, José Jesús Gutiérrez Valdez, quien supervisa varios laboratorios de metanfetamina en Zacateca, aparece relacionado con Productores Vagu, una compañía que dice dedicarse a los muebles, pero que, según el Tesoro, no tendría empleados ni operaciones identificadas.
La variedad de los negocios alcanza incluso actividades como la fabricación y venta de calzado infantil. Gerardo Botello Rozalez, alias “El Cachas”, —un miembro de alto rango del CJNG con vínculos de largo plazo con la organización— figura como propietario registrado de Bubux Baby Shoes, presentada comercialmente como una empresa de zapatos para bebés.
A su entorno familiar también se le relaciona con Green Agropacific, dedicada al cultivo de plantas para bebidas; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, que cuenta con licencia estatal para portar armas, y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, ligado al tequila y al agave.
1. La mecánica del despojo en el sector agrícola y tequilero
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Coacción en la cadena de suministro: En el sector del agave, el grupo criminal no solo impone precios de compra a los agricultores independientes, sino que controla los permisos de tránsito del producto. Los camiones que transportan la piña de agave requieren "sellos o boletines de autorización" emitidos por operadores del cartón para circular sin ser interceptados o quemados en las carreteras de Jalisco y Michoacán.
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Apropiación de marcas y destilerías: Se documenta la toma de control hostil de destilerías artesanales con problemas financieros. Mediante préstamos usureros (gota a gota) o amenazas directas, la organización absorbe las instalaciones para utilizarlas como fachadas de exportación e importación de insumos químicos.
2. Monopolios forzados en el comercio local y construcción
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Control de insumos básicos de edificación: En varios municipios de Michoacán, Colima y Guanajuato, el cartel ha prohibido la venta de cemento y varilla a través de distribuidores independientes. Toda obra —desde la remodelación de una vivienda particular hasta contratos de infraestructura municipal— debe comprar los materiales a almacenes designados por la organización, aplicando un sobreprecio de entre el 20% y el 35%.
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Calzado y textiles en la economía informal: En la industria del calzado infantil y de vestir en León y San Francisco del Rincón, el grupo no solo cobra derecho de piso a los talleres, sino que introduce contenedores de calzado de contrabando desde Asia a través de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, obligando a los comerciantes locales a vender su mercancía clonada o pirata bajo amenaza de cierre.
3. El blindaje financiero mediante la economía real
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Inyección de capital ilícito en negocios legítimos: A diferencia del lavado tradicional en el sistema bancario —que activa alertas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)—, el flujo constante de efectivo derivado de la venta de gasolina robada, el calzado y los materiales de construcción se reinvierte directamente en el comercio informal de caja rápida, diluyendo el rastro del dinero antes de ingresar al sistema financiero formal.
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Asfixia al tejido empresarial: El informe concluye que esta estrategia ha provocado el cierre definitivo de cientos de micro y pequeñas empresas (PyMEs) que no pueden competir contra los precios subsidiados por el narcotráfico ni absorber los costos extorsivos, generando un desplazamiento forzado de comerciantes y consolidando monopolios territoriales de facto.
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