Jornada - Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos este miércoles tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses: un oficio de extrañamiento enviado a la embajada estadounidense, un documento de líneas de comunicación con la postura del gobierno mexicano y una ficha con los cargos formulados por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
La difusión se da después de que ayer se conociera, a partir de una solicitud de acceso a la información de un ciudadano, que la SRE había reservado por cinco años las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, correos institucionales, fichas informativas y minutas de reuniones sobre el caso. Esa reserva, confirmada el 23 de junio por el Comité de Transparencia de la dependencia, permanece vigente; lo transparentado este miércoles corresponde a documentos cuya naturaleza permite su conocimiento público, y la Cancillería aclaró en las redes sociales que las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales seguirán clasificadas por su naturaleza, pues “por su naturaleza, tienen carácter reservado”.
Reclamo por difusión de cargos
El documento de mayor relevancia es el oficio ASJ-22632, del 30 de abril, mediante el cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE expresó a la embajada de Estados Unidos su "preocupación" por la revelación pública de los cargos y los nombres de los señalados, difundida por la fiscalía neoyorquina un día antes. La dependencia argumentó que esa información es "sensible en materia de procuración de justicia" y advirtió que darla a conocer "antes de que la persona reclamada sea detenida y sometida al procedimiento de extradición correspondiente, se vulneraría su derecho al debido proceso".
El oficio recuerda que Estados Unidos había solicitado previamente, mediante nota diplomática, que México "tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o que vaya a ser entregada no sea divulgada ni se haga del dominio público". La SRE sostuvo que la publicación del comunicado de la fiscalía "impide a nuestro gobierno llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la confidencialidad solicitada", y pidió al Departamento de Justicia que instruya a sus fiscales a respetar ese compromiso en el futuro.
Acusaciones
En tanto, la ficha de cargos detalla que los diez señalados —entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil— enfrentan acusaciones de conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como posesión de ametralladoras y artefactos destructivos; uno de ellos, Juan Valenzuela Millán, enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte. La SRE subraya que se trata de acusaciones, no de condenas.
Postura de México
En las líneas de comunicación, también fechadas el 30 de abril, la SRE reiteró que las solicitudes fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) y sostuvo que ninguna acción judicial puede proceder sin pruebas suficientes conforme al sistema penal acusatorio mexicano.
Además, reafirmó que México mantiene la cooperación con Estados Unidos en materia de justicia, pero sin aceptar interferencias externas.
El documento cita una postura de la presidenta Claudia Sheinbaum:
"No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito".
