El CPC SNA precisó que cualquier solicitud de licencia a la gobernadora de Baja California es un derecho individual de los ciudadanos y no una decisión del organismo.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA) aclaró que el exhorto público para que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, solicitara licencia temporal no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.
En su respuesta, el CPC SNA explicó que, como órgano colegiado, no cuenta con facultades legales para pedir la separación del cargo de una persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Señaló que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.
El comité subrayó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de personas que forman parte del sistema y las posturas formales del organismo. También reconoció que quienes firmaron el posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión en asuntos de interés público, siempre que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso.
El pronunciamiento se dio tras la difusión de un documento ciudadano que pidió la licencia temporal de la gobernadora, a partir de información pública sobre una investigación federal relacionada con su entorno familiar. Ante ese contexto, el CPC SNA reiteró que cualquier determinación sobre responsabilidades corresponde exclusivamente a las autoridades competentes, y que su papel institucional es de observación y acompañamiento ciudadano.
