Medio: Omnia | Autor: Redacción
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el catálogo de cargos criminales y las severas penalizaciones que enfrentarían el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su administración.
La acusación formal, radicada en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, señala al grupo de políticos por presunta asociación delictuosa y nexos de protección institucional dirigidos a favorecer a la facción criminal de "Los Chapitos", perteneciente al Cártel de Sinaloa.
El expediente judicial detalla que los delitos imputados a los involucrados —entre quienes figuran secretarios estatales de áreas clave como seguridad, finanzas y administración— incluyen conspiración para la importación internacional de narcóticos, así como la posesión y uso de ametralladoras y artefactos destructivos para resguardar las operaciones de tráfico. De ser encontrados culpables por las autoridades judiciales estadounidenses, las sanciones previstas contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una penalización máxima de cadena perpetua. A la par de estas medidas penales y las solicitudes de extradición formuladas por Washington, se han desencadenado bloqueos financieros automáticos preventivos dentro del sistema bancario y por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar los activos e inmovilizar las operaciones comerciales de todos los implicados.
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