El rescate bancario que el priísta Ernesto Zedillo pagó con dinero del pueblo no favoreció a ahorradores, sino a millonarios: entre los beneficiarios estuvieron Claudio X González Laporte, Agustín F Legorreta, Carlos Cabal Peniche, Carlos Sánchez de la Peña, Salvador Martínez Garza, Jorge Lankenau, Ángel Isidoro Rodríguez, e incluso el Partido Revolucionario Institucional, que previo al “error de diciembre de 1994” constituyó cuatro fideicomisos en Banco Unión y Banca Cremi.
Al año, el gasto actual del servicio de esa deuda –48 mil millones de pesos– equivale, aproximadamente, a dos veces el presupuesto completo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o casi al presupuesto íntegro de Sembrando Vida. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se ha pagado 1 billón 600 mil millones de pesos sólo de intereses, por lo que la deuda sería impagable
El 7 de septiembre de 2026, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que el Fobaproa es impagable; y luego lo confirmó un estudio reciente de la Secretaría de Hacienda, pues desde hace 30 años el gobierno mexicano no paga capital –sólo una parte de los intereses, y el resto lo cubre con más deuda–. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, 552 mil millones de pesos reconocidos en 1998 se han convertido en 1.6 billones de pesos, tres veces más que el valor nominal original, pagados únicamente en intereses. El capital, mientras tanto, no ha bajado. Al contrario: ha crecido. Sólo en 2027 se destinarán 48 mil millones de pesos, un monto que bien podría orientarse a fines sociales o productivos.
Traducido a la economía de hoy, la magnitud original de ese rescate es todavía más difícil de asimilar. El costo del Fobaproa equivalía, en junio de 1999, al 19.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Aplicado al tamaño actual de la economía mexicana –36 billones 125 mil 500 millones de pesos, según los Criterios Generales de Política Económica 2026–, ese mismo porcentaje representaría hoy casi 7 billones de pesos: como si el gobierno anunciara mañana que asumirá, con cargo al presupuesto público, una deuda privada equivalente a siete años de programas del bienestar.
Todo esto derivado de una característica esencial de los gobiernos neoliberales: la decisión plena y decidida de rescatar a grandes empresas y bancos que sufrieran los estragos de la competencia internacional o cualquier otra contingencia, en este caso aquella derivada de la gran crisis del 94, que provocó una caída del PIB de 6.2 por ciento, el disparo de las tasas de interés y de la inflación, y una abultada cartera vencida donde convivían, mezclados, créditos reales con ficticios. El gobierno dejó naufragar al ciudadano de a pie, a las pequeñas y medianas empresas, pero se avocó a construir un mecanismo de salvamento para los grandes consorcios financiero-empresariales, la élite mexicana, beneficiada especialmente por la privatización bancaria salinista.
No hay que olvidar que este tema significó una gran movilización popular y partidista frente al evidente atraco al presupuesto público, especialmente por el hecho que marca la ilegitimidad de esta deuda: el fideicomiso del Fobaproa operó, de facto, violando la Constitución, en específico el artículo 73, que señala que la emisión de cualquier deuda en nombre de la Nación solamente puede ser autorizada por el Congreso de la Unión. Cada pagaré, firmado por el subsecretario de Hacienda, Martín Werner, significó un acto violatorio de la carta magna desde el mismo origen. El comité técnico dedicado a recibir la cartera vencida a cambio de los pagarés del Fobaproa pudo actuar de manera totalmente discrecional. Tal como señalaba Andrés Manuel López Obrador en su libro Fobaproa: expediente abierto, de 1999, el mecanismo fue una “paraestatal tecnocrática” con súper poderes para imponer deuda a futuras generaciones sin respetar las reglas mínimas de fiscalización de lo público.
El truco específico utilizado por el gobierno de Ernesto Zedillo fue cubrirse bajo la opacidad que permite la figura del fideicomiso –cuyas partes constitutivas se analizan más adelante– y por la decisión de imponer, en los hechos, el secreto bancario por encima de la Constitución. En 1999, con la conversión institucional de esta deuda en un organismo descentralizado del gobierno federal, se creó el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), que terminó de construir la arquitectura financiera que permitió convertir los viejos pagarés, no negociables, con nombre y apellido, en modernos bonos financieros cuya emisión es a mercado abierto, altamente negociables y genéricos: los Bonos de Protección al Ahorro (BPAG28, BPAG91 y BPA182). Este salto cualitativo es lo que genera que, después de tres décadas, sigamos atados a esta deuda ilegítima.
Este ensayo, además de repasar la reconstrucción histórica de los sucesos, pero busca explicar el mecanismo que permite mantener indefinidamente abierta esta deuda; así como comprender su contexto dentro del proceso de financiarización subordinada al que México fue inducido en el marco de la firma del TLCAN, cuya apertura indiscriminada afianzaba no sólo el flujo de comercio de bienes y servicios, sino especialmente el de los flujos financieros especulativos que entran y salen de la economía sin control y sin escrúpulo social sobre las consecuencias de esa alta movilidad. El objetivo, al final, es explorar propuestas específicas para extinguir esta deuda ilegítima u odiosa –como diría el académico Alexander Sack– que pesa como un fantasma en el presupuesto público.
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