La captura de Ismael "El Mayo" Zambada abrió una trama que rebasó al crimen organizado: investigaciones, cartas y acusaciones de Estados Unidos colocaron bajo la mira no solo a políticos de Morena, sino que involucra a personajes con trayectoria en el PRI.
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– La trama que comenzó con el presunto secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada dejó de ser únicamente la historia de una de las capturas más esperadas del narcotráfico para convertirse en un expediente político y judicial que ha sido utilizado para golpear al partido gobernante en México y a la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, el caso no sólo ha salpicado a la llamada Cuarta Transformación (4T). Entre las figuras que han quedado bajo el escrutinio por la captura del capo también aparecen personajes con una larga trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A casi dos años de su secuestro, "El Mayo" aceptó ayer purgar cadena perpetua en EU a cambio de ser trasladado a una prisión médica para ahí morir.
Pero el caso del secuestro del histórico líder del Cártel de Sinaloa está lejos de cerrarse. Las investigaciones abiertas en México, las versiones encontradas entre autoridades mexicanas y estadounidenses, así como los señalamientos contenidos en las cartas atribuidas a Zambada terminaron por colocar bajo escrutinio a funcionarios y personajes cuya trayectoria política atraviesa gobiernos del PRI, del PAN y de Morena. La historia terminó por salpicar prácticamente a todo el espectro político, desde Morena hasta el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido en el que se formaron varios de los ahora señalados.
Se trataba de la detención de uno de los capos más emblemáticos del país, quien durante décadas logró evadir a las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo no fue como cualquier otra: desde el primer momento el operativo estuvo rodeado de opacidad. Con el paso de los días, el caso trascendió el ámbito del narcotráfico y se convirtió en una investigación que confrontó las versiones oficiales de México y Estados Unidos, abrió indagatorias por presunto secuestro, homicidio y posibles montajes, y volvió a colocar sobre la mesa una vieja discusión: la relación entre el poder político y las organizaciones criminales en Sinaloa.
El caso llevó a México a exigir a Estados Unidos aclaraciones sobre la participación de sus agencias en el operativo. El entonces Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que éstas hubieran intervenido y aseguró que su país había entregado toda la información a las autoridades mexicanas. En contraste, el entonces Fiscal Alejandro Gertz Manero sostuvo que Estados Unidos no había proporcionado toda la información relacionada con la captura.
Las dudas persisten. Incluso ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum reavivó recientemente el caso a partir de un reportaje sobre la presunta participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la operación. A raíz de esa publicación, la mandataria federal anunció que este martes se dará a conocer un informe con la información recabada por el Gobierno mexicano sobre lo ocurrido en la captura del "Mayo" Zambada pues sostuvo que no son ciertas las declaraciones que, en su momento, hizo el entonces Embajador Ken Salazar.
El próximo 25 de julio se cumplirán dos años de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrida en 2024, cuando fue detenido junto con Joaquín Guzmán López tras arribar en una avioneta —de la que hasta ahora no se han esclarecido detalles, ni quién la piloteaba— a un pequeño aeropuerto privado de Santa Teresa, Nuevo México, en Estados Unidos, muy cerca de El Paso, Texas.
Desde entonces, las circunstancias en las que el capo llegó a territorio estadounidense no han quedado esclarecidas de manera oficial. Durante las primeras horas posteriores a la captura trascendió una versión, presuntamente difundida por el entorno de la familia de Joaquín "El Chapo" Guzmán, según la cual ambos se habían entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
Aquella versión contrastaba con la trayectoria del propio Zambada, quien durante décadas había logrado mantenerse prófugo de la justicia. Desde ese momento comenzó a tomar fuerza otra hipótesis: que había sido traicionado por "Los Chapitos", con quienes, según diversas versiones que ya circulaban entonces, mantenía tensiones por el control del Cártel de Sinaloa.
Ese mismo 25 de julio fue asesinado Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Casi de inmediato, periodistas sinaloenses y especialistas en temas de seguridad señalaron que ambos personajes tenían previsto reunirse ese día. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa sostuvo inicialmente que el también empresario había sido asesinado durante un intento de asalto en una gasolinera. Esa versión comenzó a desmoronarse semanas después, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) desacreditó la hipótesis del intento de robo y encontró inconsistencias en la investigación realizada por la autoridad estatal. Todo ello ocurrió mientras las autoridades mexicanas aseguraban no haber tenido conocimiento previo del operativo mediante el cual Zambada terminó en Estados Unidos.
La entonces Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana —hoy Secretaria de Gobernación—, Rosa Icela Rodríguez, declaró al día siguiente de la captura: "No sabemos si fue una entrega o una captura".
En el mismo sentido se pronunció el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 26 de julio afirmó que su Gobierno aún desconocía cómo y dónde se había ejecutado la detención. "Hay que esperar a ver si la captura fue allá [en Estados Unidos] o acá [...] Creo que lo capturaron allá, ya sea por un acuerdo o porque lo detuvieron porque contaban con información de que iba a viajar, ya lo conoceremos; es un avance, sin duda", dijo el entonces mandatario federal.
Sin embargo, conforme avanzaban las horas, las versiones iniciales sobre el operativo comenzaron a complicarse. A través de una carta difundida por su abogado, Frank Pérez, Ismael "El Mayo" Zambada aseguró que había sido engañado y secuestrado. En ese documento sostuvo que su captura formó parte de un plan organizado por "Los Chapitos" en coordinación con autoridades estadounidenses. Además mencionó por primera vez nombres que, desde entonces, se han convertido en piezas centrales de la investigación.
Según esa primera carta, Zambada fue citado a una finca ubicada en la zona conocida como Huertos del Pedregal para reunirse con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; con Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y Diputado electo, y con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
De acuerdo con el relato del capo, una vez que llegó al lugar fue sometido y amarrado. Casi al mismo tiempo, aseguró, Héctor Melesio Cuén fue asesinado. Posteriormente, él y Joaquín Guzmán López fueron trasladados a una pista clandestina donde, presuntamente como parte del plan diseñado por "El Chapito" y agentes estadounidenses, fue obligado a abordar una aeronave que lo llevó a Texas. Ya dentro del avión, sostuvo, permaneció atado al asiento durante el traslado.
Parte de los dichos contenidos en esa carta coincidieron meses después con los avances de la investigación de la Fiscalía General de la República. Tres meses después de la captura, la FGR informó que localizó restos de sangre de Héctor Melesio Cuén en la finca señalada por Zambada, un hallazgo que apuntaría a que el también político fue asesinado en ese lugar, donde presuntamente ocurrió también el secuestro de "El Mayo" antes de ser trasladado a Estados Unidos.
Desde entonces, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha permanecido bajo el escrutinio público. Los señalamientos en su contra y las sospechas sobre presuntos vínculos con el crimen organizado crecieron conforme avanzó el caso, acusaciones que el mandatario estatal ha rechazado de manera reiterada.
Rocha Moya ha sostenido que esos señalamientos forman parte de una campaña política en contra de su Gobierno y del proyecto de la Cuarta Transformación. Por su parte, el Gobierno de México insiste en que para poder hacer una detención del mandatario con licencia y enviarlo a Estados Unidos, las autoridades estadounidenses deben de entregar las pruebas necesarias, lo cual –insiste el Gobierno de México– no se ha dado.
Los actores clave
La captura de Ismael "El Mayo" Zambada no sólo abrió una investigación sobre la forma en que el histórico líder del Cártel de Sinaloa llegó a Estados Unidos. También colocó bajo escrutinio a políticos de distintas fuerzas partidistas, algunos mencionados directamente en las cartas atribuidas al narcotraficante y otros incorporados posteriormente en investigaciones y acusaciones de autoridades estadounidenses. La trama alcanza a personajes con trayectorias que cruzan el PRI, el PAN, el PRD y Morena.
Uno de los nombres centrales es el de Héctor Melesio Cuén Ojeda y no porque actualmente enfrente señalamientos —fue asesinado el mismo día de la captura de Zambada—, sino porque su muerte terminó convirtiéndose en una de las piezas clave para reconstruir lo ocurrido el 25 de julio de 2024. En la primera carta difundida por su abogado, "El Mayo" Zambada se refirió a Cuén como su amigo y aseguró que ambos fueron citados a una reunión de la que nunca salió con vida el político sinaloense.
Al momento de su asesinato, Cuén Ojeda era Diputado federal electo por el Partido Revolucionario Institucional, cargo que habría asumido en septiembre de 2024. Sin embargo, su trayectoria política había transitado por distintas alianzas. En las elecciones federales de 2018 contendió por un escaño en el Senado de la República como candidato de la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, postulado por este último, aunque no obtuvo la victoria luego de que la fórmula encabezada por Rubén Rocha Moya y Morena se impusiera en Sinaloa.
Cuén protagonizó diversas polémicas a lo largo de su carrera. Su ascenso comenzó en la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución desde la que construyó una estructura política que posteriormente trasladó al ámbito electoral.
Originario de Badiraguato, Sinaloa, logró consolidar un amplio poder político que incluso lo llevó a confrontarse con el hoy Gobernador Rubén Rocha Moya. No obstante, ambos también mantuvieron una etapa de cercanía política de la que Cuén resultó beneficiado al quedar bajo su influencia la Secretaría de Salud del estado.
En 2005 obtuvo la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cargo que ocupó hasta 2009 aunque continuó influyendo en la vida interna de esa institución. Dos años después ganó la Alcaldía de Culiacán para el periodo 2011-2012. Ese mismo año fundó el Partido Sinaloense (PAS), fuerza política desde la que posteriormente obtuvo una diputación local para el periodo 2013-2016.
En tanto que el pasado 3 de mayo, la Fiscalía General de la República informó que mantiene activa la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que no esta relacionado con las investigaciones de Estados Unidos sobre Rocha Moya.
"Con relación a la información periodística difundida sobre la investigación relacionada con el sensible fallecimiento del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ocurrido en julio de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) aclara que dicha indagatoria no se encuentra ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración", expuso la autoridad federal a través de redes sociales.
El órgano público añadió que las líneas de investigación a cargo de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, no tienen vínculo con las acusaciones presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios.
Rubén Rocha Moya: Desde la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, los señalamientos también se centraron en el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue mencionado por el capo en la carta en la que aseguró haber sido citado a una reunión el 25 de julio de 2024.
Sin embargo, fue hasta el pasado 29 de abril cuando las acusaciones contra el mandatario morenista se recrudecieron luego de que autoridades de Estados Unidos informaran que solicitaron la detención de Rocha Moya, del Senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y de otros ocho funcionarios y exfuncionarios a quienes acusan de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.
"Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del Gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la Jueza federal Katherine Polk Failla", informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en un comunicado titulado "Los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos".
La acusación sostiene una presunta colusión política y operativa entre funcionarios del Gobierno de Sinaloa y líderes del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el documento, antes de la elección de 2021, Rubén Rocha Moya habría sostenido reuniones con integrantes de la organización criminal en las que presuntamente se pactó apoyo electoral a cambio de colocar a funcionarios afines en puestos de poder. Asimismo, plantea que ese acuerdo se materializó mediante el robo de boletas y la intimidación de opositores por parte de sicarios de "Los Chapitos" durante la jornada electoral.
Militante de la izquierda desde la década de los ochenta, Rubén Rocha Moya es el primer Gobernador identificado con ese bloque político acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Llegó al Gobierno de Sinaloa en 2021, después de haber buscado la gubernatura en 1986 como candidato de una coalición encabezada por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y nuevamente en 1998 como militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político del que posteriormente se separó para incorporarse a Morena, partido con el que fue Senador de 2018 a 2021.
Enrique Inzunza Cázarez: La trama que envolvió a Rubén Rocha Moya y que se recrudeció tras la acusación presentada por Estados Unidos también alcanzó a otros funcionarios, quienes igualmente fueron incluidos en las investigaciones y acusaciones formales promovidas por ese país contra políticos mexicanos, particularmente sinaloenses. Entre ellos figura el Senador Enrique Inzunza Cázarez.
Actualmente Senador por Morena, Inzunza Cázarez se desempeñó previamente como Secretario General de Gobierno de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de conspiración para importar narcóticos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos. De ser encontrado culpable enfrentaría una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.
Inzunza Cázarez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con un posgrado en Derecho, con especialidad en Criminología, por la Universidad de Salamanca, en España, además de una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.
Antes de asumir la Secretaría General de Gobierno también fue Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. Llegó al Senado el 29 de agosto de 2024 como integrante de la LXVI Legislatura, cargo que concluirá el 31 de agosto de 2027.
Enrique Díaz Vega es otro de los funcionarios señalados y acusados por Estados Unidos. Durante los primeros meses del Gobierno de Rubén Rocha Moya se desempeñó como Secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, cargo desde el que manejó las finanzas estatales.
Licenciado en Contabilidad y con experiencia principalmente en el sector privado, especialmente en el ramo inmobiliario, Díaz Vega llegó al servicio público por invitación del Gobernador morenista. Permaneció en el cargo hasta septiembre de 2024, cuando aún no cumplía dos años al frente de la dependencia. Su salida fue anunciada tres meses antes por el propio Rocha Moya, quien sostuvo que regresaría a atender sus actividades privadas. No obstante, durante su gestión enfrentó señalamientos de que algunas de sus empresas, principalmente Housesin Desarrollos, se habrían beneficiado de su paso por el Gobierno estatal.
Desde entonces desapareció del escenario público hasta que el Gobierno de Estados Unidos volvió a colocarlo en el centro de la atención. Ahora, los 20 meses que permaneció en el gabinete de Rubén Rocha Moya podrían derivar en una condena de cadena perpetua si prospera la acusación presentada en su contra.
De acuerdo con la acusación del Gobierno estadounidense, Díaz Vega ayudó a "Los Chapitos" a colocar funcionarios corruptos para proteger las operaciones de narcotráfico del grupo criminal y fungió como enlace entre sus líderes y el Gobernador Rubén Rocha Moya, transmitiendo directamente al mandatario las comunicaciones de los capos.
Dámaso Castro Saavedra es otro de los funcionarios que Estados Unidos pidió su arresto. Castro Saavedra fungía como subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa y enfrenta ahora el colapso de su carrera tras ser acusado formalmente por el Gobierno de Estados Unidos de conspiración por la importación de narcóticos, así como de posesión de ametralladoras. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria escaló posiciones clave como agente del Ministerio Público, jefe de unidad en delitos patrimoniales y director de la Unidad de Litigación Oral, hasta alcanzar la Vicefiscalía General de Sinaloa en 2021.
Durante su carrera se desempeñó en roles clave como jefe de la unidad de delitos patrimoniales y director de la Unidad de Litigación Oral, lo que le permitió conocer a fondo la estructura operativa y legal de la Fiscalía. Su perfil era el de un técnico institucional de alto rango, actuando como asesor principal y perfilándose para tomar las riendas de la institución tras décadas de servicio ininterrumpido. Según la acusación formal, Castro Saavedra presuntamente recibía sobornos mensuales a cambio de utilizar su cargo para proteger a integrantes de “Los Chapitos” para que no fueran detenidos y les habría informado de las operaciones de las fuerzas del orden público planeadas con el respaldo de Estados Unidos.
Hasta ahora, las investigaciones relacionadas con el caso continúan abiertas tanto en México como en Estados Unidos y la captura de "El Mayo" sigue siendo uno de los episodios más opacos y políticamente sensibles de los últimos años.
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