En sexenios anteriores, era el ciudadano quien le pagaba al privado por la construcción de la planta, afirmó Ávila Olmeda
La construcción de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito, no representará una carga financiera para los bajacalifornianos, al contrario, será de mucho beneficio, manifestó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El congreso del estado aprobó que el gobierno del estado adquiera una deuda de 2 mil 960 millones de pesos, a pagar en 30 años, para la construcción de obras complementarias a la planta desalinizadora que se instalará en Playas de Rosarito, que tendrá una capacidad de 2.2 metros cúbicos de agua por segundo.
La mandataria estatal comentó que están esperando la licitación por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la adjudicación de contrato a la empresa que construirá la planta desalinizadora, mientras que el gobierno del estado se encargará de la instalación de todas redes que van a trasladar esa agua.
Mencionó que espera que la planta se construya en el menor tiempo posible, pero su construcción llevará alrededor de 4 años, pero lleva mucha tecnología, capacidad técnica.
Sobre el endeudamiento del estado, Ávila Olmeda recalcó que esta no representará una carga para los bajacalifornianos, al contrario, no tiene un impacto para los ciudadanos, todo lo contrario.
“Estamos subsidiando el tema de la tarifa para el pueblo de Baja California, a diferencia a como fue planteado el proyecto de la desaladora durante los gobiernos del PAN, en donde sí, era el ciudadano quien le pagaba al privado por la construcción de la planta.
“Es decir, se privatizaba, prácticamente el agua se convertía en una mercancía que el ciudadano tendría que pagarle al privado, que el gobierno del PAN le iba a dar el agua para construir la planta para que se adueñaran del agua y para que se la cobraran a los ciudadanos los privados.
“En este caso, al ser una planta construida con recursos públicos, por parte del gobierno federal como del gobierno del estado, nosotros estamos garantizando que no haya un impacto en la tarifa ni un estrés tarifario, y mucho menos, un impacto en los bolsillos de los ciudadanos, pero lo más importante es que le estamos garantizando el agua a los bajacalifornianos durante los próximos al menos 30 años.
