Por: ElPaís
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York provoca una tormenta política al acusar a Rubén Rocha, de Morena, un senador y ocho funcionarios estatales de vínculos con el poderoso Cartel de Sinaloa. La presidenta Sheinbaum pide pruebas “contundentes e irrefutables”
La acusación de complicidad con el narcotráfico formulada por Estados Unidos el miércoles contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, un senador y otros ocho altos cargos de ese Estado del norte ha detonado una descomunal crisis política en México. Los señalamientos contra uno de los gobernantes del oficialista Morena ha llevado al límite la relación entre la Administración de Claudia Sheinbaum y el Gobierno de Donald Trump, quien lleva meses apretando a México por la huella que el crimen organizado tiene en el país.
La acusación de los fiscales de Nueva York coloca a la presidenta ante una disyuntiva explosiva: defender a un gobernador de su partido y dar la espalda a Trump o entregar al gobernador de un Estado que lleva más de un año sumido en la violencia por la pugna entre facciones del poderoso cártel de Sinaloa.
Con la petición para detener al gobernador de Sinaloa, Estados Unidos pone en la mira a la narcopolítica en México. El golpe llega después de meses de indirectas y algunas acciones, como la cancelación de visados de autoridades locales y la presión desde Washington de aceptar ayuda militar para combatir a los cárteles. Pero ninguna de estas medidas es comparable a la petición de extradición de un mandatario local en activo y autoridades estatales y municipales del partido gobernante.
La primera reacción de Sheinbaum este jueves ha sido la de ganar tiempo pidiéndole a Estados Unidos “pruebas contundentes e irrefutables” para que las evalúe la Fiscalía General. “No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito, pero si no hay pruebas claras, el objetivo [de la acusación] es político. No vamos a permitir la intromisión o injerencia en los asuntos que competen a México”, ha dicho con un tono sereno leyendo un comunicado. Luego ha mostrado en una pantalla las hojas que se adjuntan al escrito del fiscal, donde se ven nombres escritos a mano y cantidades de dinero que pretenden demostrar sobornos. “Juanito, 30.000 pesos”, ha señalado, y ha hecho una pausa. “Hasta hoy, solo hay unos escritos de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son y luego esto”, ha afirmado. “Saquen sus conclusiones”.
Jay Clayton, el fiscal neoyorquino, el mismo que construyó la acusación por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, afirma que Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, encarcelado en Estados Unidos, habría ayudado a ganar las elecciones a Rubén Rocha en 2021. El escrito habla de cómo la campaña de Morena se dedicó a robar urnas y a “secuestrar e intimidar a candidatos de la oposición” a cambio de que les facilitara sus actividades criminales una vez en el poder.
El Gobierno de Sheinbaum había señalado este miércoles, minutos después de que Estados Unidos hiciera pública la acusación, que el escrito no lleva las pruebas adjuntas y que va a estudiar el documento. El gobernador, quien ya fue señalado de presuntos vínculos con el crimen organizado en 2024, niega los cargos y dice estar “tranquilo”: “no va a pasar nada”, aseguró, mientras la oposición se lanzaba a pedir la disolución de los poderes de ese Estado.
Las dos opciones que tiene la presidenta mexicana ante sí tienen costes políticos inmensos para ella, y ambas pueden abrir brechas en la relación bilateral. “Si Sheinbaum acepta extraditar al gobernador, estará aceptando extraditar a alguien respaldado por su partido”, explica Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. “Si no lo acepta, estará dando una respuesta muy delicada que tensará más aún las relaciones con Estados Unidos, que seguirá operando por su cuenta, obteniendo información en México”.
No es la primera vez que Estados Unidos acusa a un alto cargo mexicano de colaborar con el narcotráfico. En 2020, durante el primer mandato de Trump, el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, un militar respetado en el Ejército, fue detenido cuando aterrizaba en Los Ángeles en un viaje con su familia a petición de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense. El asunto se zanjó con su repatriación después de una intensa batalla diplomática encabezada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el predecesor de Sheinbaum y fundador de Morena. La condición fue que Cienfuegos fuera investigado y juzgado en México, pero el general fue exonerado dos meses después.
La acusación de la Fiscalía estadounidense pide penas que van desde los 40 años de cárcel hasta la cadena perpetua, y está cimentada sobre “información de alta calidad”, dice López Portillo. Es decir, la que han podido proporcionarle, de primera mano, algunos de los 92 presos por pertenecer a organizaciones criminales que este Gobierno le ha enviado a Estados Unidos.
La petición de extradición del Departamento de Justicia estadounidense llega cuando ambos países negocian, junto a Canadá, el TMEC, un tratado comercial vital para México en el que Washington presiona con dureza con su política de aranceles, y después de meses de retórica injerencista de Donald Trump, que repite la idea de que México “está controlado por los cárteles”, ante lo cual el Gobierno mexicano ha tratado de demostrar, con operativos contundentes, que es capaz de controlar la situación en su territorio.
Con la acusación, Estados Unidos “obliga a Sheinbaum a definirse, a escoger la bala con la que se va a disparar”, plantea el analista político Carlos Bravo Regidor. “Si se pelea con su coalición, hay que ver cómo va a gobernar y cómo va a llegar a las elecciones de medio mandato”, expone. “Si se pelea con Trump, ¿qué va a pasar con la negociación del TMEC y con toda la cooperación en seguridad?”.
El gran riesgo de negarle la petición a Trump es que, en vez de seguir un procedimiento judicial, el presidente decida usar métodos más expeditivos en el país vecino, el gran temor de México, que Sheinbaum ha intentado frenar durante meses. “Trump es insaciable, él no se va a contener para imponer las condiciones en la relación bilateral, y [ante una negativa] probablemente va a venir a por gente”, afirma López Portillo.
La propia Sheinbaum contó hace una semana que en las conversaciones que tiene con Trump emergen sus ofrecimientos para actuar en territorio mexicano contra los cárteles. “Trump nos ha sugerido darnos mayor apoyo, incluso que hubiera presencia de miembros del Ejército de los Estados Unidos, a la cual hemos dicho ‘no es necesario’ (...) Somos muy estrictos con nuestra soberanía nacional”, dijo en su conferencia de prensa matutina.
La presidenta hablaba en el marco del último roce con Washington, la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo antidroga en el Estado de Chihuahua que entraron sin la autorización ni el conocimiento del Gobierno federal. Qué estaban haciendo allí con otros agentes mexicanos es algo que determinará la Fiscalía General, que ha empezado a investigar el caso.
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