Ciudad de México. Por primera ocasión en el actual Poder Judicial de la Federación, un juez sancionado por el Tribunal de Disciplina Judicial fue llevado a proceso penal por presuntos delitos contra la administración de justicia. En este caso, Juan Fernando Alvarado López fue vinculado a proceso por supuestamente haber cometido actos ilícitos al otorgar amparos de manera indebida al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Cabe recordar que en febrero pasado el TDJ, encabezado por la magistrada Celia Maya García, inhabilitó por un año al juez federal Alvarado López por incurrir en “faltas graves” que, según el organismo, “afectaron la administración de justicia” en el caso del ex mandatario tamaulipeco.
De acuerdo con la resolución, el juez emitió resoluciones que favorecieron al político panista y evitaron su detención por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El organismo del PJF resolvió una queja presentada desde abril de 2024 ante el extinto Consejo de la Judicatura Federal. Fuentes judiciales señalaron que, durante una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Reynosa, el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco dictó la vinculación a proceso contra Alvarado López, quien enfrentará el proceso penal en libertad.
Lo anterior forma parte de la causa penal 45/2026, en la que el Ministerio Público Federal presentó elementos de prueba considerados suficientes para procesar al juez con base en los hechos que motivaron su inhabilitación por parte del TDJ.
Entre las conductas señaladas se encuentra haber desacatado jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conceder una suspensión provisional y posteriormente definitiva para evitar la separación del cargo de un Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en Tamaulipas, así como paralizar procedimientos administrativos en su contra.
Asimismo, se le atribuye haber concedido una suspensión al ex gobernador García Cabeza de Vaca contra una orden de aprehensión, con el efecto de impedir la suspensión de sus derechos político-electorales y evitar que fuera considerado prófugo de la justicia.
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