El contrabando de combustible inició hace décadas en el país y creció a la par que el robo de hidrocarburos a las instalaciones de Pemex en sus diversas modalidades: toma clandestina, buques, terminales de almacenamiento y refinerías. En la modalidad de contrabando metían combustibles por las fronteras, principalmente las de Tamaulipas, haciéndolos pasar como aceites, lubricantes o algunos otros derivados; en algún tiempo simplemente le llamaban energéticos “genéricos”; los encargados de su transportación eran los mismos que transportaban para Pemex hidrocarburos de uno y otro lado de la frontera, y los comercializadores de esos “genéricos” los empresarios dueños de compañías de transporte y franquicias gasolineras que se autoabastecían y abastecían a otros transportistas, fábricas, empresas, comercios y muchos otros clientes.
A partir de la reforma energética peñanietista en que se dio la apertura a la importación, exportación, transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles, esa apertura sin que se establecieran mecanismos de controles volumétricos ni de trazabilidad de los combustibles, en un mercado donde crecía exponencialmente la comercialización de combustibles de origen ilícito, detonó también el contrabando, sobre todo en su modalidad de contrabando técnico dicho coloquialmente como huachicol fiscal: utilizando documentación falsa o documentos con datos falsos como el declarar sustancias distintas a las reales, o declarar volúmenes mucho menores.
En los primeros años de aplicación de la reforma energética peñanietista se otorgaron mil 377 permisos de importación para gasolina, diésel, turbosina y gas avión, gas licuado de petróleo, así como aceites crudos de petróleo. De esos permisos mil 363 se le autorizaron a privados y 14 a Pemex.
Muchos de esos permisos que se le otorgaron a los privados –personas físicas o morales– sin que acreditaran siquiera que eran empresas que operaban de manera legal, o que tenían infraestructura o capacidad técnica para la actividad que realizarían, de manera que entre las beneficiarias hubo también empresas fachada y factureras, y también empresas que nunca acreditaron contar con la infraestructura para el manejo de combustibles.
En síntesis, omisión o colusión que generó que se sistematizaran operaciones organizadas de contrabando técnico, que evidentemente vinculaba a funcionario cómplices.
Aún y cuando entraban barcos, trenes, pipatanques con enormes cargamentos, no se reportaban ante las autoridades hacendarias, y cuando se hacía, en las aduanas usualmente decían que eran precisamente aceites o desechos de aceites, naftas, o alguna otra materia prima que evadía el pago de impuestos, utilizando también documentación apócrifa para evadir el pago de los impuestos correspondientes.
En las redes de contrabando técnico el agente aduanal tiene un lugar clave, porque son estos quienes facilitan documentación en la que se registra la información falsa para encubrir los volúmenes de combustible, o declarar otras sustancias, es decir, una declaración falsa.
El agente aduanal es formalmente la persona física autorizada por Hacienda mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros, o previstos en la Ley Aduanera.
Los agentes aduanales son quienes representan a los importadores y exportadores ante la aduana para llevar a cabo el despacho de sus mercancías y son coadyuvantes de la autoridad y enlace entre el sector público y los importadores y exportadores, por eso su operación resulta clave para las redes de huachicol fiscal.
El otro eslabón del contrabando lo constituye la parte de comercialización. Y en cuanto a permisos de comercialización con las reforma energética peñanietista se autorizaron centenares de permisos también a personas físicas o morales que algunas operaban sólo como factureras, y que tampoco se verificaban los volúmenes de comercialización.
Entre 2019 y 2024, ya en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia contra el robo y contrabando de combustibles, más de mil 300 de los permisos de importación fueron cancelados por incumplimientos diversos: había empresas que por periodos de más de un año habían declarado que no habían realizado importaciones de combustibles, pero se les detectaron cargamentos; otros que declaraban que habían metido cargamentos que habían registrado como desechos de aceite o aceite y en realidad era gasolina o diésel; otros que usaban documentación falsa.
Revisé muchos de los expedientes donde se presentaba la argumentación de por qué se les cancelaban los permisos.
Sin embargo, algunos beneficiarios de dichos permisos se ampararon contra la resolución. Una de las empresas a la que desde 2019 se le retiró el permiso por detectársele irregularidades diversas, fue Ingemar –en la que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo es accionista–, pero de manera influyente la empresa logró obtener un amparo del Poder Judicial, del antiguo Poder Judicial. Fue un Juez el que ordenó a la Sener que le restituyera el permiso, y así fue como la compañía siguió operando.
En ese contexto, cuando se desplegaron operativos de verificación, se fue identificando también empresas que continuaban metiendo cargamentos de contrabando técnico; es decir, con información o documentación falsa.
En julio de 2025, en Ramos Arizpe y Saltillo se detectaron 129 carrostanque de ferrocarril con un cargamento ilegal de 15.5 millones de litros de combustible. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación y en las indagatorias se fue identificado las empresas y los involucrados en esa trama, una red de contrabando que involucra empresas que operan en México y en Texas, en Estados Unidos mediante un estructurado mecanismo para encubrir sus operaciones ilícitas.
Durante un año se realizó la indagatoria identificándose a Ingemar como una de las empresas involucradas, junto con otras 11 compañías de México y Estados Unidos.
A partir de los elementos de prueba, en julio de 2026 la FGR obtuvo las órdenes de aprehensión como medida cautelar justificada para ocho de las 25 personas que se identificó en esa red.
En las órdenes de detención que hasta ahora se han hecho como parte de la indagatoria, el 16 de julio fue detenido Ernesto Ruffo, junto con otros de sus socios de Ingemar como Ricardo Thompson, bajo los cargos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
En una audiencia inicial se les dictó prisión preventiva justificada trasladándolos al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La audiencia para que la Jueza del caso determinaría si se vincularía o no a proceso a los ocho detenidos inició la tarde del martes 21 de julio prolongándose hasta el día siguiente. Una larga audiencia a puerta cerrada por petición del MP, ya que se pusieron a disposición los elementos de prueba de la Fiscalía de una indagatoria en la que aún hay vinculados que no han sido detenidos, además de presentarse los alegatos de cada uno de los abogados defensores.
Además de la red de contrabando en que está implicada Ingemar, actualmente la FGR investiga centenares de empresas involucradas en la utilización de documentación falsa para el contrabando y comercialización ilícita de combustibles.
La defensa que políticos y en medios de comunicación corporativos han hecho de Ernesto Ruffo, es que fue el primer Gobernador de oposición: del Partido Acción Nacional al entonces mayoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue Gobernador de Baja California de 1989 a 1995. Su carrera política incluye que en el gobierno de Fox fue comisionado para Asuntos de la Frontera Norte, y años después también fue Diputado y Senador.
Pero parte de su biografía es también que una de sus empresas –en la que es socio junto con otros– está involucrada en contrabando de combustible.
A partir de que el gabinete de seguridad informó sobre el aseguramiento en Ramos Arizpe y Saltillo de los carrostanque que transportaban 15.5 millones de litros, y de las indagatorias que se hacían a las empresas involucradas, los socios de Ingemar empezaron a dar declaraciones públicas de supuestas disputas internas: los Thompson acusaron que Ernesto Ruffo y José Merino Valdez Cuervo les redujeron su participación accionaria, intentando los Thompson de deslindarse de las operaciones ilícitas.
En ese repartidero de culpas y deslindes, el abogado de Ruffo, Fernando Gómez Mont, ha dicho en medios de comunicación que la responsabilidad es de la transportista, una empresa de Nuevo León. En la indagatoria son las autoridades las que deberán determinar, comprobar con evidencia de la participación que en esa red tenía cada uno.
Gómez Mont el abogado de Ruffo es por cierto tío de Inés Gómez Mont, otra implicada en redes de factureros. El abogado fue Secretario de Gobernación de Calderón en tiempos en que el Secretario de Seguridad era Genaro García Luna.
Hace unos años a Ruffo eran sus compañeros de partido quienes le hacían graves señalamientos: en 2017 en sus redes sociales Felipe Calderón, su compañero de partido, solía tuitear mensajes en que a Ernesto Ruffo y su hermano se les vinculaba con los Arellano Félix. Ahora salió en su defensa. Tan incongruente Calderón como cuando en su libro acusaba a Jorge Romero –el dirigente del PAN– de extorsionador, y ahora le aplaude y acude a cuanto evento le organiza.
Para cuando Ruffo se integró como consejero a Somos México, ya llevaba tiempo bajo investigación al igual que sus socios, por el cargamento en los ferrotanques asegurados por el Gabinete de Seguridad en 2025.
El contrabando técnico de combustible, como lo es el genéricamente llamado huachicol fiscal involucra diversos eslabones: empresas que tengan autorizaciones formales para importar, exportar, comercializar combustibles, agentes aduanales que facilitan la documentación falsa o con datos falsos, así como operadores logísticos, funcionarios omisos o cómplices de esas redes.
Ha quedado clara y comprobada la participación de agentes aduanales en las redes de contrabando, y fue por eso que en 2025 se cancelaron 41 patentes aduanales, y también se reformó la Ley Aduanera.
El huachicol fiscal involucra delincuentes comunes y delincuentes de cuello blanco, estos últimos suelen ser funcionarios, empresarios, “hombres de negocios” con fachada de “respetabilidad”, banqueros que se encargan de la parte financiera, así es como funciona el negocio del crimen organizado.
El huachicol, tanto en su modalidad de robo a las instalaciones de Pemex, como el que entra de contrabando conforman un mercado ilícito de combustible inmenso, y ha sido por décadas un flagelo para el país, no sólo en términos de impacto económico, sino social, y con muchas implicaciones; colude delincuentes con funcionarios corruptos, es crimen organizado. Para combatirlo son necesarias las investigaciones profundas que indaguen y logren desarticular cada uno de los eslabones que componen las redes criminales, aplicando la Ley sin distingos, porque históricamente el delito de cuello blanco es el que ha tenido mayor impunidad.
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