Por: Enrique Méndez Álvarez
01 de marzo de 2026 | Conforme transcurre este año, se va estrechando el cerco legal que rodea a la ex presidenta municipal MONTSERRAT CABALLERO RAMÍREZ, las carpetas de investigación, tanto de la Fiscalía del Estado, como en Sindicatura del XXV Ayuntamiento y las cuentas del Congreso del Estado, son una amenaza a corto plazo para quien sentía que iba a ser reelecta y que ahora con engaños aparenta que irá en las boletas de los comicios 2027.
Las sanciones que pudiera aplicar la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, se derivan de ilícitos descubiertos durante su gobierno, que incluyen actos de corrupción de varios de sus funcionarios como MIGUEL ÁNGEL BUJANDA, entonces secretario de Gobierno Municipal, MARCELO MACHAIN, siendo oficial mayor, y al secretario de Seguridad Municipal FERNANDO SÁNCHEZ, que además de estar vinculado a desfalcos en la dependencia a su cargo, también es sospechoso de protección al crimen organizado.
En el ámbito federal, la indagatoria es a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada -FEMDO- con la carpeta FED/FEMDO/UEITA-BC/0000170/2024.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, en esta investigación en curso, se acusa a la ex presidenta municipal de Tijuana, de mantener presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, a partir del inicio de su trienio de 2021 y hasta septiembre de 2024.
La institución persecutora, asentó en forma oficial su indagatoria a partir de que concluyó el XXIV Ayuntamiento presidido por MONTSERRAT CABALLERO, y a la fecha continúa.
Ahora que en el orden estatal, la XXV Legislatura, rechazó la Cuenta Pública 2023 de MONTSERRAT CABALLERO, debido a solidas observaciones en quebranto financiero, que están siendo auditadas por la instancia de fiscalización a fin de que se dictaminen las posibles sanciones administrativas o de carácter penal.
Ante ello el Congreso del Estado, prevé que a la ex alcaldesa de Tijuana, se le puede inhabilitar temporalmente, incluyendo que los expediente, sean judicializados tanto en materia civil, como penalmente.
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, documentó ilícitos en la adjudicación directa de contratos a 7 empresas proveedoras por un monto superior a 210 millones de pesos.
Los legisladores revisores de esto, argumentan que la normatividad de adquisiciones, establece que los referidos contratos debieron otorgarse mediante licitación pública.
También el Congreso del Estado, mantiene abierta una investigación en contra del Administrador de la Presidencia, que cobró 13 millones de pesos, por reembolsos injustificados de Caja Chica, así como la transferencia de 11 millones de pesos a un Consultor Administrativo, para los legisladores, este pago adolece de justificación legal.
La complicación jurídica de MONTSERRAT CABALLERO, y sus presuntos cómplices, implica pagos que oscilan en 24 millones de pesos a diversas organizaciones civiles, y otros 17 millones de pesos a grupos que no justificaban la recepción de ese dinero, también la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, auditó la posible malversación de 4 millones 100 mil pesos, que presuntamente fueron destinados al desarrollo económico de Tijuana.
También la Fiscalía General de Baja California, a cargo de la Dra. en Derecho MA. ELENA ANDRADE RAMÍREZ, investiga a través del fiscal de la Honestidad y la Función Pública, la compra injustificada de un Sistema Unificado de Armonización Contable REGER-GRP, con un costo de 92 millones de pesos, mismo que resulto un fraude en su funcionamiento, pero además en virtud de que el gobierno de la ciudad ya contaba con un software similar.
Es probable que por ese software se haya pagado unas 15 veces más del costo real, y eso debe tener una explicación, que penalmente puede ser exigida en cualquier momento, porque además se tendrá que revelar ante el Ministerio Público, quien autorizó a hacer ese estratosférico pago.
Como se dice coloquialmente, a MONTSERRAT CABALLERO RAMÍREZ, se le “junto el mandado”, pues no solo diputados, fiscalía estatal y FGR, tienen investigaciones por separado, en contra de la mujer que presume que llegó de Oaxaca a enseñar a gobernar a los tijuanenses.
Pues además pesa en su contra la carpeta por corrupción, que Sindicatura Municipal, tiene del ex oficial mayor MARCELO MACHAIN, actualmente inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Alterna a la acusación penal, la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento a cargo de TERESITA BALDERAS BELTRÁN, continúa con la investigación, en contra del ex oficial mayor MARCELO MACHAIN, que en su momento abrió el sindico Procurador del XXIV Ayuntamiento, RAFAEL LEYVA PÉREZ, por uso ilícito de atribuciones y facultades, además de peculado.
Ante el Ministerio Público del Estado, y Sindicatura Municipal, está documentado que la adquisición de la fraudulenta herramienta tecnológica fue por adjudicación directa ADQ-2023-AD-081 en agosto del 2023, a la empresa Management Technology Innovations, SC, del empresario JORGE FIGUEROA, también implicado en esa estafa.
Se acerca la pizca de candidaturas, a ver que resulta de esto a MONTSERRAT CABALLERO, considerando su ambición por obtener fuero a como de lugar.
Solo para muy Chichos
"El que teme sufrir, sufre de temor"
Filosofía china
